En noviembre miles de familias españolas tendrán que afrontar una novedad que, aunque muchos aún desconocen, ya es una obligación legal: realizar una evaluación de riesgos laborales para las personas empleadas de hogar. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo, busca equiparar los derechos de este colectivo con los del resto de trabajadores. Sin embargo, su aplicación ha generado numerosas dudas.
Desde el 15 de noviembre de 2025, cualquier nueva contratación deberá contar con la evaluación antes de iniciar la relación laboral. Desde ese momento, tener una persona empleada en casa ya no solo implica cumplir con el salario o las cotizaciones. También exige algo que hasta ahora parecía exclusivo de fábricas u oficinas: una evaluación de riesgos laborales.
Sí, incluso en un piso de 60 metros cuadrados, con una trabajadora unas horas por semana, la ley exige analizar los riesgos (caídas, productos de limpieza, cargas de peso, …) y dejar constancia de las medidas preventivas adoptadas.
Esta obligación responde al Real Decreto 893/2024, que regula la protección de la seguridad y salud en el ámbito del servicio del hogar familiar, un sector históricamente excluido de la normativa preventiva y campo abierto para un tipo de relación laboral que durante mucho tiempo se movió en la informalidad.
¿Qué implica esta nueva obligación?
Para facilitar el cumplimiento, el Ministerio ha creado la herramienta gratuita Prevención10, donde los empleadores pueden completar un cuestionario y descargar automáticamente un informe en PDF. El sistema es rápido, intuitivo y diseñado para que cualquiera pueda usarlo.
A primera vista, parece un trámite sencillo: entrar en la web, responder preguntas sobre las tareas domésticas y descargar el documento con la evaluación final. Pero no deja de ser una obligación legal, con sanciones si no se cumple o se hace mal.
El incumplimiento puede considerarse infracción grave, con multas entre 2.451 € y 49.180 €, y en casos extremos hasta 800.000 € si hay agravantes o accidente laboral.
La medida pretende dignificar un trabajo invisibilizado y reconocer que también en los hogares existen riesgos. Pero en la práctica surgen preguntas: ¿Quién sabe de ergonomía, productos químicos o protocolos de seguridad en un entorno doméstico?¿Basta con marcar unas casillas? ¿Qué ocurre si hay un accidente y la evaluación resulta incompleta? ¿Y si el hogar tiene particularidades como escaleras, piscina, o garaje, que el formulario no contempla?
Una oportunidad para acompañar a nuestros clientes
Aquí surge el reto: ¿cómo puede una persona sin conocimientos técnicos evaluar riesgos como caídas, productos químicos o posturas forzadas? ¿Cómo se acredita que se ha informado correctamente a la persona trabajadora?
No son dudas menores. Reflejan el equilibrio entre la simplificación administrativa y la responsabilidad real que implica ser empleador, incluso en un contexto familiar. Muchos particulares no saben por dónde empezar; otros temen equivocarse. Muchas familias lo percibirán como una carga más: una obligación burocrática difícil de entender, sobre todo cuando se combina con la confusión de plataformas, certificados digitales y formularios.
Este es el punto donde los gestores administrativos podemos aportar valor convirtiendo un trámite digital en una consultoría que ofrezca seguridad jurídica tanto al empleador como a la persona trabajadora. Es una oportunidad para acompañar a nuestros clientes. Que profesionales del ámbito jurídico, laboral o administrativo ayuden a traducir la norma, hacerla comprensible y convertirla en algo más que un PDF guardado en una carpeta.
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